Los municipios argentinos publican sus decretos en un boletín oficial. Casi siempre son PDF escaneados que nadie lee. Acá se leen todos, se verifica cada cifra contra el propio documento, y se arma lo que debería haber sido público desde el principio: qué se contrató, a quién, por cuánto, y quién lo firmó.
No es una denuncia. Ninguna cifra publicada afirma que se haya cometido un delito, y ninguna casilla vacía es una acusación: es una pregunta que la gestión debería poder responder citando un número de decreto.
Tampoco es una base completa. Publicamos menos de lo que leemos, porque los documentos son escaneos y el reconocimiento de texto se equivoca. Un dato mal leído es peor que un dato ausente, así que cada cifra pasa una verificación interna del propio documento antes de aparecer. Cómo se hace.
Lo que ningún municipio
puede ver de sí mismo →
Proveedores que le venden a más de uno,
municipios que no publican y licitan igual, y organismos provinciales que reparten
obra en varios pueblos.
Lo que
la provincia licita en cada pueblo →
5.926 avisos de los dos boletines
provinciales, de 2001 a 2026, sumados por año, por organismo y por municipio. Buena
parte de la obra de un municipio no la licita el municipio.
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