Todo el proceso es automático, y cada cifra publicada enlaza al documento del que sale: no hace falta creernos, alcanza con abrir el decreto. Esta página explica de dónde sale cada dato y, sobre todo, qué decidimos no publicar.
El proyecto releva los municipios censados, y con casi todos hace una sola cosa: ir a ver qué publican y anotarlo con la prueba. Eso es el censo, el reconocimiento y la matriz, y vale para todos.
La cadena larga que describe esta página —leer cada decreto, verificar los montos contra las letras, validar los CUIT, agrupar por obra, cruzar proveedores— sólo se puede correr sobre dos municipios: San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche, que son los que publican sus decretos uno por uno. Ingeniero Huergo es el tercero desde agosto de 2026, con 258, aunque todavía son pocos para ver un patrón.
No es una limitación nuestra: es el dato. Sin el decreto individual no se sabe a quién se le compró ni por cuánto, y eso no lo publica la mayoría. Todo lo que este sitio puede decir sobre concentración de proveedores, fraccionamiento o contratación directa está dicho sobre dos municipios porque no hay un tercero sobre el que se pueda decir.
Buscar el sitio oficial por las convenciones de dominio de su provincia y en
buscadores; buscar aparte el sitio del Concejo Deliberante, que en
seis municipios tiene dominio propio y guarda el digesto entero al que el sitio
del municipio no lleva; leer el robots.txt y los sitemaps, que es lo
que el municipio le declara a los buscadores y casi nunca coincide con su menú;
probar diecisiete rutas habituales; y mirar si publica en Google Drive, Scribd o
un blog.
Cada una de esas pruebas queda guardada con su código HTTP y su fecha. Eso es lo que sostiene cada celda en rojo de la matriz: no es una impresión de quien miró, es una lista de lo que se probó y cuándo.
Los decretos son escaneos, y el reconocimiento de texto se equivoca. Fecha decretos de 2026 en «2326», parte el número 1394 como «139 4», y convierte «NEUQUÉN» en «NEUQVÉN». Sobre esa base, cualquier cifra publicada sin verificar es una afirmación que no podemos sostener.
Por eso el sitio publica menos de lo que lee. Cada cifra tiene que pasar una prueba interna del propio documento antes de aparecer; si no pasa, queda registrada para revisión humana y no suma en ninguna pantalla.
Lo que sigue describe la cadena completa tal como corre sobre San Martín de los Andes, que fue el primero y sobre el que se escribió cada paso. Bariloche entra por otra puerta —su boletín es una base consultable con el texto ya digital, así que no hay OCR— y de ahí en adelante es el mismo camino.
El boletín municipal no ofrece API ni sitemap, así que se recorre su archivo mes por mes. Cada publicación mensual de decretos lista las direcciones reales del período y se toman de ahí, sin adivinarlas: la carpeta donde el archivo fue subido no coincide con el mes del decreto, y construir las direcciones a mano produce documentos equivocados.
7.608 decretos de San Martín, 8,6 GB, de enero de 2024 a julio de 2026, y 75.352 actos de Bariloche desde 2010. El proceso es reanudable y respeta el ritmo del servidor municipal: cuando uno empezó a contestar con su cortafuegos, el paso frenó en vez de insistir.
Un 53% de los decretos de San Martín no tiene capa de texto utilizable —son imágenes puras de un papel escaneado— y se vuelve a reconocer con software libre de OCR en español a 300 puntos por pulgada. Los de 2024 están notoriamente peor que los de 2026.
Eso varía muchísimo entre municipios y conviene decirlo: sobre los 108.624 documentos del proyecto, el OCR es el 8%. La mayoría entra como texto ya digital —el boletín de Bariloche, los digestos que publican el texto en la propia página— y ahí no hay error de lectura posible. Los escaneos puros son Jacobacci y Ramos Mexía, donde el 100% pasó por OCR.
Los decretos escriben cada importe dos veces: en números y en letras («$ 42.000.000 (Pesos cuarenta y dos millones)»). Esa redundancia es del documento, no nuestra. Se interpretan las dos formas por separado y solo se publica el monto cuando coinciden. Cuando discrepan gana la versión en letras, porque el reconocimiento de texto rompe mucho más los dígitos que las palabras, y el registro queda marcado para revisión.
Todos los importes son pesos del momento de cada acto, sin ajustar. Con la inflación argentina eso vuelve engañosa cualquier suma que cruce años: el presupuesto de San Martín pasa de $29.119 a $99.999 millones entre 2024 y 2026 —tres veces y media— pero medido en dólares del momento va de 45 a 69 millones.
Por eso el sitio tiene un selector $ / US$ en la barra superior. La conversión usa la cotización oficial del Banco Central del mes de cada acto, nunca la de hoy. Los totales se convierten sumando el equivalente de cada acto por separado, no dividiendo el total por una cotización única. Una cifra sin fecha no se convierte: aparece como «—» en lugar de un número que no podríamos sostener.
Los CUIT llevan dígito verificador. Solo se publica el CUIT que lo pasa, incluso reconstruyendo los que el reconocimiento de texto pegó al «Nº» que los precede. Un CUIT que no valida no se atribuye a nadie.
Sobre el texto ya extraído se determina el rubro del gasto, si se trata de una obra y de cuál. Varios decretos sobre la misma obra se agrupan bajo una clave común — sin eso no hay línea de tiempo posible, y la misma obra aparecería varias veces con montos partidos.
No se toman del texto, porque el reconocimiento las destruye. Se derivan del rango mensual que el propio boletín publica y dentro del cual cae el número de decreto. Cubre casi todas las obras identificadas, con precisión de mes.
El bloque de firmas es la parte peor escaneada del documento: son firmas manuscritas sobre el nombre impreso. Se reconstruye con instrucción explícita de devolver vacío antes que arriesgar, porque esto lleva nombre y apellido a una página pública. Quedan legibles 103 de 469; en el resto la ficha dice «firma ilegible».
Los CUIT de proveedores se contrastan contra registros societarios y de contrataciones nacionales. Las menciones en prensa local se buscan por coincidencia de términos poco frecuentes, y cada vínculo guarda su puntaje: es una pista para revisar, nunca una afirmación.
Los decretos de personal dicen el agrupamiento y la categoría del escalafón, no el importe. Convertir categoría en pesos exige la grilla del Convenio Colectivo, y publicar una estimación junto a un nombre y un documento sería atribuirle a una persona un ingreso que no consta. Donde el decreto dice un importe, aparece; donde no, queda vacío.
De todo lo leído, cerca de un 20% de los importes no coincide entre números y letras. Están en la base, marcados para revisión, y no suman en ninguna cifra publicada.
El sitio distingue una irregularidad —algo que contradice una norma citable— de una señal que pide explicación —una anomalía estadística—. Solo publicamos lo segundo, y con esas palabras. Una casilla vacía es una pregunta, no una acusación.
Cuando una columna está vacía porque nosotros todavía no procesamos esa fuente, la ficha lo dice y la dibuja distinto. Confundir «no lo publicaron» con «no lo miramos» invalida todo lo demás.
El proyecto está incompleto y conviene decir en qué:
De los 7.608 decretos, 3.875 no habían producido ningún registro. Eso puede ser correcto —muchos decretos no resuelven un gasto— o puede ser una falla de lectura. Se revisó una muestra al azar para saber cuál de las dos cosas era, y resultaron ser las dos. La lectura fallaba de cuatro maneras:
Corregido eso, los registros pasaron de 3.733 a 5.189 y los llamados a licitación identificados de 14 a 124. Ninguna cifra publicada antes era falsa; lo que estaba mal era el denominador, y con un denominador chico todo porcentaje miente. Las páginas que decían «solo cinco llamados» decían menos de lo que el archivo permitía ver.
El material es de acceso libre y se puede reproducir citando la fuente. Lo que pedimos es lo mismo que el sitio hace con los documentos del municipio: que el enlace vaya a la página concreta, para que quien lea pueda verificarlo.
Cita general
Una página en particular
Dos aclaraciones que conviene arrastrar a cualquier nota:
Si vas a publicar algo que se apoya en estos datos, escribinos antes: podemos decirte con qué firmeza se sostiene cada cifra y si hay una corrección en curso.
Si encontrás un dato mal atribuido, un monto equivocado o un nombre mal leído, escribinos con el número de decreto y lo corregimos. Las correcciones se aplican sobre la fuente y se vuelven a generar todas las páginas, así que no quedan versiones conviviendo.